Elementos para el Diseño de una Política Criminal

Algunos elementos a tomar en cuenta para el diseño de una Política en materia de Seguridad Ciudadana, son:

a) Primacía del régimen constitucional de los derechos humanos. El más importante instrumento de racionalidad y control sobre las políticas de seguridad y justicia y sus instrumentos de implantación son los derechos humanos. Cualquier acción del Estado que tienda a vulnerarlos es, en sí misma, contraria a los fines de la seguridad y la justicia en democracia, en tanto ellas son parte de las prerrogativas fundamentales de ser humano.

b) Orientación hacia la seguridad humana. Las políticas de seguridad y justicia deben ser contextualizadas en las coordenadas de la seguridad humana, alineándolas al fin último de contribuir a garantizar las condiciones para el pleno desarrollo humano, basado a su vez en el pleno ejercicio de los derechos y las libertades, y el responsable cumplimiento de las obligaciones. Desde esta perspectiva de interacción entre varios derechos resulta conveniente el uso del concepto de seguridad ciudadana, el cual permite recolocar precisamente al ciudadano, entendido en sentido amplio, en el centro de todas las acciones por la seguridad y la justicia.

c) Racionalización del uso de la fuerza. El respeto por la vida humana debe ser un valor prioritario en la política de seguridad y justicia. Para este fin, los instrumentos de implantación de esta política deben respetar de manera escrupulosa los principios y las normas internacionales y nacionales de uso de la fuerza y las armas, todos los cuales ordenan la regularización de su empleo mínimo y, sólo como excepción, el uso máximo de ellas. Cualquier acción del Estado que invierta esta fórmula es en sí misma contraria a los fines de la seguridad y la justicia en democracia.

d) Fortalecimiento del liderazgo civil. La seguridad y la justicia en democracia deben funcionar bajo el control de la autoridad civil, misma que debe garantizar un soporte amplio de legitimidad política, al tiempo de invertir el máximo posible en el desarrollo de sus capacidades técnicas. La autoridad civil debe asumir su responsabilidad de cumplir con los fines de la seguridad y la justicia. La intervención militar debe ser excepcional y restringida al máximo posible y, en todo caso, sujeta a controles que aseguren la preeminencia del régimen constitucional de los derechos humanos.

e) Primacía de la prevención sobre el control. Toda medida previa que reduce los riesgos de un evento que contraviene los fines de la seguridad y la justicia es más útil, eficaz y eficiente que aquélla que busca controlar los daños consumados. El nuevo equilibrio debe al menos buscar que sea equiparable el gasto público dedicado a la prevención que el destinado al control. Debe priorizarse el desarrollo de estrategias modernas de prevención que promuevan conductas tendientes a la reducción de riesgos. A su vez, la mejor prevención es la que fortalece la cohesión social y, en esa medida, revierte la exclusión.

f) Integralidad de la política. La seguridad y la justicia deben abandonar el enfoque sectorial y ser articuladas en el marco de modelos integrales de política pública que sumen y equilibren las capacidades del Estado. La fragmentación engendra contradicciones que no sólo abonan a la ineficacia y la ineficiencia, sino además genera resultados contraproducentes. Los municipios, los estados y el gobierno federal deben terminar con el funcionamiento de sus gabinetes como sectores en constante competencia política, y experimentar un diseño que garantice la interacción colaborativa y coordinada de cada secretaría, y entre éstas y los diversos poderes del Estado. La integralidad de las políticas une a distintos actores e instituciones en ruta hacia objetivos comunes.

g) Transversalidad. La transversalidad permite que todas las esferas y áreas involucradas se apropien de enfoques y criterios similares. La transversalidad identifica a las partes más allá de las fronteras institucionales. La política de seguridad y justicia debe trascender las fronteras institucionales para emprender su labor hacia fines comunes.

h) Coordinación y subsidiariedad. El terreno idóneo para entender y resolver los problemas de la seguridad y la justicia es el local. Los municipios son el espacio clave y el primer frente de solución. La mejor seguridad y justicia es la más cercana a los problemas de la gente y sus comunidades. La reconstrucción del tejido social sólo es posible ahí donde el mismo se ha desgarrado. A mayor distancia entre la toma de decisiones de las instituciones responsables y el terreno donde están las dificultades, menor es la eficacia y eficiencia de aquéllas. Los estados y la federación deben desplegar un apoyo decidido hacia la construcción de las mayores capacidades municipales posibles, de manera que ese espacio funcione como cinturón de contención de conflictos que, encauzados principalmente mediante la prevención, eviten el crecimiento de los delitos. Esto supone la máxima cooperación y coordinación nacional de forma que los límites territoriales y jurisdiccionales sean una oportunidad y no un obstáculo. Es necesario entonces reforzar el Municipio y no eliminar sus capacidades, sino entender lo que puede aportar en materia de seguridad pública y justicia administrativa.

i) Metodología para la definición de políticas públicas. Las políticas de seguridad y justicia y sus instrumentos de implantación no pueden operar bajo criterios dominados por la mera intuición o siguiendo usos y costumbres. Es imperativo soportar tales criterios en la metodología de las políticas públicas, que centralicen la calidad de la información, el diagnóstico y la evaluación. Además, debe explotarse al máximo la vinculación entre la toma de decisiones y el conocimiento científico y técnico. Las decisiones deben aprovechar la experiencia en el terreno, contextualizada en marcos de referencia especializados. La mejor opción es el balance de los distintos recursos del conocimiento.

j) Desarrollo de un enfoque funcional. Las políticas de seguridad y justicia deben eludir las posiciones extremas del debate público para favorecer un enfoque funcional que permita asegurar, mediante una gestión de calidad, la operación de las instituciones en cumplimiento de los mandatos y límites legales. El principio de funcionalidad debe ser traducido en opciones programáticas que vinculen los fines de la seguridad y la justicia y las acciones para lograrlos, mediante criterios técnicos y modernos de eficiencia.

En todo caso, se debe responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es la opción regulatoria, institucional y operativa que se acerca más a la meta? y ¿cuál la que más se aleja? La justificación o invalidación de las opciones debe girar en torno a su funcionalidad, no a posiciones extremas y reduccionistas.

k) Compromiso responsable de los partidos políticos. Las políticas de seguridad y justicia deben prevalecer frente a intereses partidistas, de lo contrario seguirán en buena medida desacreditadas y apartadas del Estado de derecho. Todos los actores políticos e institucionales deben hacerse responsables de sumar sus proyectos de partido a la construcción de una auténtica política pública de seguridad y justicia. Es necesario mejorar los mecanismos formales que así lo garanticen. Pero nada será suficiente si no existe compromiso y voluntad por parte de todos los actores. Ésta es, en sí misma, condición sine qua non de toda la propuesta.

l) Máxima rendición de cuentas y transparencia. Desde la acción pública más simple hasta la decisión de mayor peso y trascendencia, todas deben ser justificadas sin excepción y sujetas a la mayor transparencia posible. La rendición de cuentas debe introducirse en la forma de un principio operativo que asegure las consecuencias del buen y el mal desempeño, así como el aprendizaje institucional. A su vez, las propias instituciones deben buscar la máxima transparencia para fortalecer la rendición de cuentas y sembrar confianza y legitimidad social. El mejor modelo es la vía doble de fortalecimiento de instrumentos de rendición de cuentas: interno y externo a las instituciones. De ahí que la sociedad debe tender hacia mecanismos participativos que fortalezcan su impulso a la justificación pública del quehacer institucional.

m) Evaluación constante y responsable. Las acciones que se emprendan para lograr una política integral en materia de seguridad pública requieren de mecanismos que permitan su evaluación constante y responsable para identificar oportunamente las prácticas positivas y negativas para que con ello se realicen los cambios necesarios que garanticen la implementación segura y efectiva de la política integral en materia de seguridad pública.

n) Atención prioritaria a quienes enfrentan mayor riesgo y vulnerabilidad, así como centralidad de la política de género. La seguridad y la justicia deben aliviar la discriminación y llevar al centro de la agenda el bienestar de los grupos que se encuentranen situación de mayor riesgoo vulnerabilidad, así como de los funcionarios que también están en el mayor riesgo, tal como es el caso de los policías y los soldados.

El contexto actual de la violencia en el país recrudece la situación de las mujeres víctimas de violencia por dos razones: en primer lugar, se incrementa el riesgo de que niñas y jóvenes sean víctimas de violencia sexual, además de que la extensión de la violencia como código de fuerza y control social exacerba su uso en las relaciones familiares, donde las mujeres resultan más vulnerables; en segundo término, la proliferación de armas – principal factor de contagio de la epidemia de la violencia armada– multiplica las oportunidades para usarlas en conflictos familiares o de pareja.